IA, datos y combustibles: la nueva agenda tecnológica de la minería chilena

Chile encabeza por cuarto año consecutivo el índice latinoamericano de inteligencia artificial, pero esa posición de vanguardia contrasta con rezagos concretos que frenan la transformación digital de la minería. Al mismo tiempo, nuevas obligaciones legales en materia de datos personales y movimientos de infraestructura energética reconfiguran el escenario operacional del sector.

Liderazgo regional con pies de barro: IA y brechas en la industria extractiva

Ocupar el primer lugar en inteligencia artificial dentro de América Latina durante cuatro años consecutivos es un activo geopolítico y económico. Sin embargo, según consigna Revista Digital Minera, ese liderazgo coexiste con brechas tecnológicas que desafían directamente a la minería chilena. La paradoja es elocuente: el país que mejor puntúa en adopción y ecosistema de IA no logra trasladar ese capital a sus operaciones mineras a la velocidad que exigen los mercados globales de cobre, litio y hierro. La causa no es única —involucra conectividad en zonas remotas, escasez de talento especializado y modelos de inversión conservadores— pero el diagnóstico es compartido por operadores de gran y mediana escala.

Regulación de datos: una nueva carga de cumplimiento para las mineras

La entrada en vigencia plena de la Ley de Datos Personales suma una capa regulatoria que el sector extractivo no puede ignorar. Según Chile País Minero, la normativa obliga también a las compañías mineras, lo que implica revisar protocolos de gestión de información operacional, datos de trabajadores y registros de proveedores. Esta obligación llega en un momento en que las empresas ya procesan volúmenes masivos de datos en tiempo real: desde sensores en plantas concentradoras hasta sistemas de despacho autónomo. El impacto no es menor.

• Datos de trabajadores: registros biométricos, salud ocupacional y desempeño quedan bajo el nuevo estándar de protección.
• Datos operacionales: información de producción compartida con contratistas y proveedores debe contar con contratos de tratamiento explícitos.
• Ciberseguridad: la ley exige medidas técnicas proporcionales al riesgo, elevando el estándar mínimo para sistemas SCADA e IIoT.
• Sanciones: el incumplimiento activa multas y responsabilidades civiles que pueden comprometer la continuidad operacional.

Las compañías con operaciones en Chile —incluyendo filiales de grupos internacionales activos en el país— deben adecuar sus políticas antes de que la Agencia de Protección de Datos Personales inicie fiscalizaciones formales.

Infraestructura energética: Transelec y Enex marcan agenda en el sur

Mientras la minería debate transformación digital, la infraestructura energética avanza con proyectos concretos. Enex inauguró una nueva planta de combustibles de aviación en el aeropuerto de Punta Arenas, un movimiento que fortalece la cadena logística de hidrocarburos en la Patagonia chilena y que tiene implicancias directas para la operación de faenas mineras en la región de Magallanes. La conectividad de combustible de aviación es crítica para el traslado de personal y equipos en zonas de difícil acceso terrestre.

Desde el mundo de la transmisión eléctrica, Paola Basaure, ejecutiva de Transelec, ha posicionado el concepto de infraestructura cercana a las personas como eje de la estrategia de la compañía. Para la minería, Transelec es un actor central: sus líneas de alta tensión abastecen a faenas del norte grande donde el consumo eléctrico puede representar entre el 30% y el 40% de los costos operacionales. La perspectiva de gestión que impulsa Basaure —con foco en sostenibilidad y relación con comunidades— anticipa un estilo de relacionamiento que el sector extractivo también tendrá que internalizar.

El factor RIGI: señales desde Argentina que Chile debe leer

Cruzando la cordillera, 75 empresas de la provincia de San Juan se preparan para competir por contratos con Glencore, Vicuña y otras grandes mineras bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) argentino, según reporta REDMIN. La cifra —75 proveedores locales movilizados por un solo marco regulatorio de incentivos— ilustra el poder que tiene la certeza jurídica para activar cadenas de valor. Chile observa ese proceso con atención. La discusión sobre el Royalty Minero y la necesidad de atraer inversión en exploración hacen relevante el contraste: mientras Argentina activa 75 empresas con un nuevo régimen, Chile sigue procesando las consecuencias regulatorias de los últimos años sobre el ánimo inversor.

Lo que viene

El segundo semestre de 2025 pondrá a prueba tres frentes simultáneos para la minería chilena. Primero, el plazo de adecuación a la Ley de Datos Personales obligará a decisiones de inversión en ciberseguridad y gobernanza de información antes de que opere la fiscalización. Segundo, la presión competitiva del RIGI argentino podría acelerar la salida de proyectos de exploración hacia el lado oriental de la cordillera si Chile no genera señales de estabilidad regulatoria. Tercero, la brecha de adopción de IA identificada por Revista Digital Minera demandará que operadores como Codelco y privados de mediana escala aceleren pilotos de automatización en procesos críticos. El liderazgo regional en IA no se sostiene solo con índices: se consolida con implementación industrial.